CRÓNICA DE UN EXILIO

Quiero contar la historia de una de tantas personas que han tenido que irse de Colombia y dejar su familia, su carrera, sus recuerdos y hasta sus ideales para proteger su vida, pues su sed de justicia, y sus palabras osadas fueron ahogadas en el país de de las bocas cerradas. Esta es una historia, que como muchas, se ha ido con el periódico de ayer y se ha quedado solo en la memoria de quienes fueron testigos de una candente lucha por la dignidad humana.

Debo empezar entonces desde el principio. Martha era una estudiante de Derecho de la Universidad de Antioquia, que como muchos jóvenes en la década de los 80, estaba muy interesada en el asunto de los Derechos Humanos, pues la situación por la que pasaba el país generaba muchísimas inquietudes al respecto. En esta época, Colombia estaba en un fuerte enfrentamiento armado entre el gobierno y grupos guerrilleros como las FARC, el ELN, y el M19, que era el más pequeño pero el más influyente de los anteriormente mencionados. Entonces, aparecieron iniciativas de negociaciones de paz, pues algunas personas que hacían parte de las guerrillas se estaban cuestionando el significado y el alcance de la lucha armada, y estaban planteando la posibilidad de convertirla en una lucha política de izquierda. Por otro lado, empezaron a surgir movimientos fuertes de reflexión sobre los Derechos Humanos, y aunque el gobierno creó, por presión internacional, una Consejería Presidencial para Derechos Humanos, algunos grupos, no gubernamentales y sólidos, que trabajaban voluntariamente por la defensa de éstos, eran los que tenían más fuerza y presencia en el país. En Medellín, en particular, estaba el Comité Permanente de Derechos Humanos, encabezado por personajes importantes en este campo como Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur, que trabajaban en conjunto con un grupo de abogados, entre ellos Martha, que defendían especialmente a personas, como sindicalistas y líderes comunitarios, que eran acusadas de rebelión, pues hablar de derechos humanos, y más por esos años, significaba ser guerrillero.

Martha intervenía en situaciones muy delicadas, por ejemplo, en las detenciones ilegales, pues en la constitución anterior a la de 1991, no había reconocimiento de los derechos y, por lo tanto, existía lo que se llamaba el Estado de Sitio, que era un derecho que adquiría el gobierno para actuar a su parecer, por encima de las leyes y de las personas, cuando considerara que el país se encontraba en situación de peligro y por esto se permitía que los comandantes militares, fueran del ejército o de la policía, pudieran dar órdenes de detención sin una orden judicial previa, lo que se prestaba, por lo tanto, para que se detuvieran personas probablemente inocentes sin que tuvieran derecho a defenderse y además hubieran, durante estas detenciones, actos como desapariciones y torturas, pues al no haber ningún respaldo legal, no había forma de que los organismos de control se enteraran, ni de encontrar a un responsable. Entonces, Martha y sus compañeros se encargaban de comunicar a instituciones como la Procuraduría, cuando una persona era detenida, señalando, así, a los responsables, en caso de que algo extraordinario sucediera. Además, se denunciaban los hechos a las Naciones Unidas y a los organismos internacionales de Derechos Humanos, ensuciando, así, la imagen de Colombia ante el mundo. Estos actos desafiantes enfurecían a las autoridades militares, quienes, intentando silenciarlos, los inculpaban de pertenecer a los grupos guerrilleros, argumentándose en el hecho de tener un pensamiento de izquierda.

No obstante, los defensores de los derechos humanos no estaban de acuerdo con la lucha armada y, aunque en un principio, Martha y sus compañeros fueron mediadores en la liberación de secuestrados (acto que los involucraba mucho más ante los ojos de las autoridades), desistieron de esto, pues los grupos armados al margen de la ley incumplían los acuerdos establecidos, negociando, por ejemplo, la liberación de personas que ya habían sido asesinadas. Los hechos anteriormente mencionados, eran denunciados de la misma manera que los de las autoridades, y por consiguiente, el Comité y sus miembros, se convirtieron en el blanco, no solamente del gobierno, sino también de los grupos guerrilleros y paramilitares.

Pero, la verdadera cacería de brujas se desencadenó después de un hecho que marcó la historia de los Derechos Humanos: El asesinato de Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur. 1987 fue uno de los años con mayores índices de asesinato en Medellín, y muchos de éstos fueron debido a la persecución que estaban haciendo los grupos paramilitares a los sindicatos y a todas las personas que tuvieran que ver con ellos, por el hecho de ser de izquierda. Uno de sus blancos principales era el sindicato de maestros, del que hacían parte 34 maestros que fueron asesinados en ese año y entre ellos el presidente de ADIDA, Luis Felipe Vélez.

Cuando Luis Felipe murió, celebraron su funeral en la sede del sindicato y obviamente en éste iba a estar presente el Comité de Derechos Humanos. Por esto, los paramilitares vieron en este evento la oportunidad perfecta para eliminarlo. Sin embargo, Martha y todos sus compañeros recibieron una llamada que les advertía el peligro que corrían si asistían al funeral, y aunque muchos salvaron su vida por haber acatado la advertencia, Héctor y Leonardo hicieron caso omiso de ella, y por lo tanto, murieron esa tarde en la puerta de ADIDA.

A pesar del vacío que dejaron los difuntos y de la tristeza que llenaba los corazones justos, después de la muerte de sus líderes, el Comité Permanente de Derechos Humanos siguió funcionando, pero muy pronto las amenazas fueron aumentando y la presión creciendo.

Comenzaron, entonces, los allanamientos, que se realizaban estratégicamente los viernes por la tarde, pues el fin de semana iban a estar cerrados los juzgados y las oficinas de las instituciones encargadas del control, y por lo tanto, las personas allanadas iban a estar mas vulnerables. En varias ocasiones, la policía entró a la casa de Martha por el solar, para buscar allí armas, drogas o cualquier cosa que la inculpara de hacer parte de grupos ilegales, para poder, de esta forma, silenciarla. Cuando llegaban, le apuntaban con un arma a su padre, para que no se moviera. Él agradecía que su esposa trabajara como voluntaria los viernes por la tarde, porque tal vez no soportaría presenciar una situación de tal magnitud. A Martha, intentaban inmovilizarla de la misma manera y ella argumentaba que en su casa, podía moverse cuando quisiera. Y como era muy buena abogada y muy astuta, sabía defenderse y no permitía que allanaran su casa antes de que llegara un funcionario de la Procuraduría, entonces, llamaba a un funcionario que era amigo suyo para que revisara todos los procedimientos y no permitiera que se le asignaran pruebas falsas, pues una vez intentaron acusarla por tener un arma que no era suya. Afortunadamente, nunca pudieron involucrarla, pero la actitud de Martha provocaba cada vez más la ira de quienes lo intentaban.

Un día, por ejemplo, fue citada por el comandante de la policía de Medellín, quien le dijo que debía ser mucho más prudente y le recomendó que se cuidara porque ellos le estaban siguiendo los pasos para probar que estaba metida en actos ilegales, a lo que Martha, para desafiarlo, le respondió que él también estaba involucrado en negocios ilegales, pues estaba fumando cigarrillos de contrabando. Resulta que el comandante tenía una cajetilla de cigarrillos Malboro en su oficina, cuando en ese entonces la importación estaba prohibida.

Estas acciones provocadoras hacia las autoridades militares, más la defensa de los detenidos ilegales y la denuncia de los actos de paramilitares y guerrilleros fueron colmando la paciencia de quienes la buscaban, su situación fue empeorando, su seguridad se estaba poniendo en riesgo y la tranquilidad de su familia se estaba acabando. Cada vez las amenazas eran más constantes. Había carros que rondaban su lugar de trabajo y la seguían por donde iba, entonces Martha tuvo que cambiar de vivienda, y cambiar todos los días la ruta y los horarios para llegar a su oficina en el edificio La Ceiba.

Un día fueron a buscarla directamente a su lugar de trabajo, en el que afortunadamente ella no estaba y este hecho fue el que impulsó a las personas que la conocían y la querían a sugerirle que se fuera del país, como lo habían hecho muchos de sus amigos, pues de no hacerlo no habría garantía de que su vida estuviera a salvo. Obviamente, esta no era una decisión fácil de tomar, pero la presión era mayor y Martha tenía que salir del país lo más rápido posible. Al ser abogada de Derechos Humanos pudo conseguir contactos con organizaciones internacionales que le ofrecieron acilo en Canadá y en Suecia. Ella pensó que Canadá era el lugar adecuado, pero necesitaba visa americana y no era muy probable que se la dieran, entonces tuvo que irse para Suecia, pero esto implicaba llegar a un país sola, sin saber mínimamente el idioma e implicaba también tener que adaptarse a una cultura, un estilo de vida totalmente diferente, además de perder su profesión y llegar a un programa de exiliados en el cual vivían de un subsidio. Afortunadamente, al llegar a este país en 1990, supo que el hecho de ser reconocida internacionalmente como abogada de Derechos Humanos le brindaba mejores condiciones, y podía, a diferencia de los demás exiliados, trabajar. Empezó como asistente en una investigación universitaria sobre conflictos latinoamericanos, y, mientras estaba en el programa de integración al país, además de que se enteró de que para poder trabajar como abogada debía volver a hacer la carrera y debía pasar por lo menos 10 años en Suecia para poder ejercer, empezó a involucrarse con los sistemas y decidió seguir trabajando en este campo, lo que le permitió con el tiempo conseguir su visa de residente, pero sólo 10 años después cuando se casó obtuvo la ciudadanía y adquirió todos los derechos.

Martha intentó volver en 1998 para trabajar, respaldada por una universidad sueca, con su colega Jesús María Valle en una investigación sobre dos masacres realizadas por los paramilitares en el municipio de Ituango en 1997, una en el corregimiento del Aro y otra en el de Santa Rita. Pero, cuando ya había hecho los trámites necesarios para trabajar en Colombia y cuando ya tenía todos los preparativos listos, se enteró de que a Valle, que había sido el líder del comité después de la muerte de Héctor y Leonardo, lo habían asesinado en su oficina. Esto hizo que Martha eliminara cualquier esperanza de volver a su país para luchar por sus ideales.

En la actualidad, ella trabaja diseñando software pedagógicos y administrando redes para instituciones educativas. Aunque no volvió a ejercer su profesión, está inscrita en el sindicato de abogados de Suecia y tiene los mismos derechos que cualquiera de ellos. Martha en su nueva patria tiene muy buena calidad de vida y sobre todo, tranquilidad, cosa que recibió a cambio de su exilio, pues Colombia no puede brindársela a las personas que buscan empedernidamente la verdad. Ahora, viene con su hija solamente a visitar a su familia, ingresando al país con cédula sueca, pues prefiere evitar que las autoridades se enteren de que ha regresado al país una defensora de los Derechos Humanos.

Luisa Fernanda Saldarriaga 11º